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Medidas procesales y concursales como consecuencia del estado de alarma declarado en relación con el coronavirus COVID-19

ACTUALIZACIÓN A 13 DE ABRIL DE 2020: El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos a partir del próximo miércoles 15 de abril

La tramitación posterior quedará suspendida en el momento en que esta dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo, salvo que se trate de actuaciones declaradas esenciales. La Comisión Permanente del CGPJ ha hecho un llamamiento a las Administraciones prestacionales para garantizar que los órganos judiciales dispongan los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo estas actuaciones.

Entrada original tras la declaración del estado de alarma:

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en España con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Dicha norma y el posterior Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, junto con las normas de desarrollo dictadas por el Consejo General del Poder Judicial, han establecido medidas procesales y concursales como consecuencia del estado de alarma declarado en relación con el coronavirus COVID-19:

Suspensión de plazos procesales y actuaciones judiciales programadas

Se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, sus prórrogas.
Asimismo, se suspenden todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales.

Se consideran servicios esenciales cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.

En particular, se consideran servicios esenciales la adopción de medidas cautelares en el orden jurisdiccional civil y, en el social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.

Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de sus prórrogas.

Suspensión del deber de solicitud de concurso

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.

Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite con preferencia al concurso necesario, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

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