El Gobierno español acaba de anunciar una serie de cambios legislativos que van a suponer una reforma sustancial en el papel de los profesionales en el proceso civil y mercantil, con vistas a incrementar su eficacia. 1) Actualización del papel del Procurador: esta figura profesional, gran desconocida para el gran público en nuestro país e inexistente en los países de nuestro entorno comunitario, va a ser reconvertida en profundidad.
De ser un mero notificador como en la actualidad, el Procurador va a pasar, según las intenciones del Gobierno, a participar con mayor protagonismo que hasta ahora en los actos de comunicación, embargos y actos de ejecución.
Ello permitirá al usuario de la justicia elegir quién desea que se ocupe de estos actos, ya sea el Procurador o bien el Servicio (público) de Actos de Comunicación, que no perderá sus competencias. Desde Lawants, entendemos que esta reforma será positiva para nuestros clientes y para el sistema judicial, redundando en una mayor eficacia y eficiencia del proceso y contribuyendo a sacar el máximo partido a unos Procuradores actualmente muy desaprovechados. 2) Eliminación de la incompatibilidad entre abogado y procurador: la eliminación de la incompatibilidad es una medida que pretende incrementar la competencia en el mercado, así como reducir los costes derivados de la necesaria participación de ambos profesionales en el proceso, como hasta ahora. Sin duda, el paso siguiente debería ser la supresión de la intervención obligatoria del Procurador, en aquellos asuntos en que pueda preverse poca complejidad de gestión procesal que no justifique una doble presencia profesional, contribuyendo a una reducción de costes del proceso.
En línea con la reducción de costes y la eliminación del Procurador como mero notificador, se echa en falta un mayor vigor en la implantación de la justicia y el expediente electrónicos, si bien esta reforma es más dependiente de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de gestión procesal (caso de Cataluña) que del propio Gobierno español. Sin duda, el hecho de que todas las notificaciones judiciales puedan practicarse telemáticamente y sin papel es una exigencia de eficiencia del sistema que redundará en la agilidad del mismo. Es una reforma urgente y necesaria.
