El aumento de la popularidad de las criptomonedas ha provocado un correlativo incremento de los fraudes con ellas relacionados, con víctimas en todo el mundo, porque los delincuentes se aprovechan de su entorno tecnológico y financiero a menudo complejo y opaco.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué debemos hacer si hemos sido víctima de una estafa de criptomonedas y queremos intentar recuperar nuestros pagos?
En este artículo, nos centraremos en un caso de fraude de criptomonedas actualmente seguido en España y examinaremos algunos posibles pasos que las víctimas podrían seguir en una situación de este tipo.
El primer caso de estafa millonaria de criptomonedas en la Audiencia Nacional
Según los medios de comunicación que informaron al respecto, la querella se dirigió contra un hombre llamado Javier Biosca Rodríguez, su cónyuge y el hijo mayor de ambos, y fue presentada por más de 300 afectados, así como por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Criptomonedas (AAIC).
La querella les atribuía una presunta estafa de 210 millones de euros, junto con otros delitos como apropiación indebida, blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.
¿Qué ha ocurrido y a quién ha afectado?
Se dice que Biosca operaba su «modelo de negocio» como un esquema Ponzi, en el que las ganancias prometidas a los primeros ahorradores se pagaban utilizando los fondos de las últimas víctimas.
La organización, que comenzó en 2019, aseguraba a sus incautos inversores pingües beneficios en operaciones de compraventa de criptodivisas tales como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
¿Cuándo se empezaron a torcer las cosas?
Al principio, el modelo parecía tener éxito, con rentabilidades semanales de hasta el 25%, si bien posteriormente este porcentaje se redujo a entre el 8 y el 10%. De esta forma, el núcleo original de 19 inversores acabó convirtiéndose en un grupo de aproximadamente 3.000.
Desgraciadamente, a medida que la empresa crecía, Biosca era incapaz de seguir el ritmo de los pagos manuales a sus clientes, que por aquel entonces incluían notarios, abogados, policías nacionales, inspectores de hacienda, jueces, trabajadores domésticos, jubilados y desempleados.
El crecimiento exponencial de la operación y la cantidad de dinero en juego provocaron errores, duplicidades y retrasos en los pagos. Finalmente, los querellados dejaron de pagar a partir de noviembre de 2020.
¿Dónde se registró la empresa?
Estas operaciones eran gestionadas por una sociedad llamada Algorithms Group, con domicilio en Londres y no estaba registrada como operador autorizado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por otro lado, Biosca también gestionaba operaciones a través de otras empresas en Lituania, Estonia y Guinea Bissau.
Fraudes en Criptomonedas: Acción civil frente a acción penal
La querella solicitó que la Policía española establezca la trazabilidad de 200 carteras de criptomonedas para recuperar las inversiones.
Sin embargo, presentar una querella en España y solicitar una investigación por parte de la policía española puede no ser la estrategia más efectiva en un caso como este. Por el contrario, enfocar el asunto desde la perspectiva de una acción civil internacional, en el país donde los querellados han ocultado y distraído las fallidas inversiones de sus clientes, puede conducir a resultados más eficaces.
Las ventajas de una acción civil internacional
Una de las razones por las que una acción civil podría ser más eficaz es porque los pagos con la mayoría de las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain para registrar las transacciones, y esta información está disponible para el público. Por lo tanto, si se pueden rastrear los pagos con criptomonedas utilizando el blockchain, entonces debería ser factible descubrir qué intercambios de criptomonedas se utilizaron en la estafa.
Tras ello, es posible solicitar al tribunal órdenes de divulgación dirigidas a estos intercambios y/o a la empresa en el centro del fraude sin la participación de la policía.
Esto es particularmente cierto en países como el Reino Unido, donde los tribunales tienen experiencia en este tipo de órdenes y en lo que respecta al fraude de criptoactivos, especialmente en un caso como este, en el que dicha empresa, Algorithms Group, tiene su sede en Inglaterra.
Rastreo y recuperación de criptomonedas
Otro factor que podría llevarnos a concluir que un tribunal penal español podría no ser la vía más adecuada para recuperar las criptomonedas es que la empresa que controla los fondos no tiene sede en España. Este aspecto internacional es típico de las criptodivisas, que pueden considerarse como un activo verdaderamente global.
Estas circunstancias suponen un reto, ya que no todos los países del mundo utilizan el mismo marco legal cuando se trata de la localización y recuperación de criptoactivos.
Retos de la aplicación internacional
Además, también puede ser problemático que las decisiones judiciales tomadas en un país se ejecuten en otro. Por esta razón, puede que no sea posible ejecutar las órdenes de divulgación relacionadas con la recuperación de criptoactivos que se hayan emitido en el extranjero.
En consecuencia, pueden pasar varios años hasta que se dicte una sentencia sobre un caso en el país de origen, luego se compruebe si es concebible la ejecución en los demás países pertinentes y, por último, se lleve a cabo la ejecución con éxito.
¿Cómo afecta el Brexit?
En el caso que involucra a Biosca, existía la complicación añadida del Brexit, ya que la empresa demandada Algorithms Group tiene su sede en Londres. Tras la salida del Reino Unido de la UE, cesó la libre circulación de resoluciones judiciales tanto en materia civil como penal.
Por tanto, la circulación de resoluciones judiciales entre España y Reino Unido ya no es objeto de reconocimiento automático, lo que supone un obstáculo más para la labor del Juzgado de lo Penal español encargado de este caso.
Tomar las medidas adecuadas en casos reales
Basándose en estas consideraciones, puede ser beneficioso para una víctima considerar primero una acción de recuperación civil. Los pasos propuestos en este tipo de estrategia de recuperación de criptomonedas para una demanda civil podrían incluir lo siguiente:
- Identificar las empresas y/o personas jurídicas responsables del fraude junto con sus respectivas jurisdicciones.
- Rastrear los pagos realizados a través de la blockchain para identificar los monederos electrónicos y las plataformas de intercambio digital objetivo donde se almacenan los activos. (Los monederos que no están alojados en intercambios dificultan este proceso, pero el rastreo desde el mundo digital al físico es cada vez más posible).
- Si se requiere, se puede considerar la posibilidad de financiar la demanda por parte de terceros para hacer frente a las órdenes de divulgación requeridas y a las posteriores acciones legales de recuperación que puedan surgir.
- Cuando las víctimas no han sido identificadas, pero se sabe que existen, se puede llevar a cabo un proceso de «book building» para asegurar la remuneración.
Por último, una vez completados estos pasos, podrían presentarse solicitudes de divulgación de documentos e información previas a la acción, junto con posibles órdenes de congelación de las cuentas de los acusados.
Puntos clave
De este examen se desprende que puede ser más rápido acudir a una vía total o parcial de recuperación civil de activos en casos de fraude de criptoactivos. Dado que el rastreo de las transacciones es inherente al blockchain, cualquiera es libre de examinar el flujo de pagos.
Esta es una gran parte de la batalla y la obtención de resultados convincentes sobre los intercambios y carteras utilizados en circunstancias de fraude de criptodivisas podría permitirle solicitar a un tribunal órdenes de divulgación.
