Una de las escenas clásicas de algunas películas o series de televisión consiste en organizar una fiesta cualquiera, por ejemplo, de cumpleaños, y que los invitados no se presenten, haciendo valer cualquier excusa, real o inventada, sobre algún defecto de comunicación o similar…
Últimamente, los periódicos han venido repletos de noticias relativas a numerosos eventos que han tenido que ser cancelados en todo el mundo, a pesar del enorme esfuerzo que ha conllevado su organización, como consecuencia de la alarma generada por el “coronavirus”.
En Barcelona, hace dos semanas, se canceló el “Mobile World Congress”, tras la anulación de asistencia por parte de un gran número de empresas, generando una enorme decepción en la ciudad.
En otros países, han sido otro tipo de eventos deportivos, ferias, salones, congresos, etc.
En todos los casos, montaron la fiesta y no vino nadie…
Del mismo modo, múltiples contratos de entrega de mercancías o prestación de servicios en todo el mundo han sufrido disrupciones que han impedido o dificultado enormemente su cumplimiento.
Últimamente hemos estado recibiendo alguna consulta de parte de clientes que están sufriendo este tipo de problemáticas. A raíz de ello, hemos descubierto que el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional está emitiendo “certificados de fuerza mayor”, en un intento de eximir a sus empresas exportadoras de las obligaciones contractuales contraídas con clientes internacionales.
Sin embargo, existe una corriente de opinión -que compartimos- que considera que estos certificados no tienen efectos contractuales por sí mismos, sino que solamente atestiguan de determinadas circunstancias de hecho. Tan solo un tribunal puede declarar que el brote y la medida de emergencia declarada por la autoridad competente, objeto del certificado, constituyen eventos de fuerza mayor de conformidad con la ley aplicable.
Hasta donde conocemos, excepto algún caso muy puntual (como el confinamiento decretado en un hotel de Tenerife), en España no se han decretado medidas gubernamentales o administrativas generalizadas de prohibición de realizar determinadas actividades, cuarentenas, bloqueos, etc.
Vemos, por ello, difícil que, a fecha de hoy, un tribunal español pueda apreciar circunstancias de fuerza mayor para eximir a una parte del cumplimiento en España de un contrato sometido a derecho español -excepto en los casos excepcionales, concretos y muy localizados en que se haya podido adoptar una medida gubernativa de esta naturaleza.
Debemos ser conscientes, no obstante, de que no existe una doctrina internacional uniforme en materia de fuerza mayor. Diferentes países adoptan diferentes doctrinas para asignar el riesgo contractual ante un cambio imprevisible de circunstancias.
Por ello, si conoces algún caso de este tenor en cualquier país del mundo, ponte en contacto con nosotros. Tenemos curiosidad por conocer cómo se está reaccionando frente a estos casos a nivel internacional y estamos interesado en aunar esfuerzos, si es necesario, para hacer frente a este tipo de situaciones.
